Trayectoria de Asociación Generaciones de Paz
ASDEPAZ nació el 9 de septiembre de 2017 como parte de la visión y el compromiso de César Artiga, quien desde su experiencia y trayectoria de trabajo en el acompañamiento a procesos territoriales con juventudes y comunidades, ha contribuido a elevar y amplificar sus voces y a desarrollar sus capacidades de organización, movilización, formación e incidencia, para que estas les permitan la realización plena de sus derechos humanos, ejerciendo su ciudadanía global planetaria para el cuidado y defensa de los bienes comunes naturales, como parte de la Iniciativa Séptima Generación.
Creación y coordinación de redes nacionales sobre ambiente, desarrollo sustentable, paz y seguridad
ASDEPAZ ha logrado gestar una
diversidad de procesos e iniciativas de articulación e incidencia en El
Salvador, tanto con aliados en territorio con diferentes expresiones y formas
de organización social y comunitaria, como con espacios y agrupaciones
ciudadanas.
Estos espacios y movimientos han
permitido crear oportunidades de diálogo social y político con múltiples
actores y sectores para sensibilizar sobre las situaciones que se viven a nivel
local y comunitario, contribuyendo con propuestas y soluciones endógenas desde
las organizaciones de base para impactar en medidas de política pública con las
administraciones de gobierno central y municipal, así como con las agencias,
fondos y programas de Naciones Unidas, creando alianzas de trabajo
intergeneracional e intercultural desde una perspectiva de género y con un
enfoque de derechos humanos.
ASDEPAZ es la sede y asume la
coordinación del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, la Coalición
Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano, el Grupo Impulsor
Nacional de la Resolución 2250 y la Coalición Nacional del Llamado Global de
Acción contra la Pobreza (GCAP). Como parte de la coordinación de estos
espacios y movimientos, asume también la representación y participación en
redes regionales y globales como UNOY Peacebuilders, Global Coalition on Youth
Peace and Security, Global Call to Action Against Poverty (GCAP), la Red
Regional de América Latina y el Caribe por el Acuerdo de Escazú y el Foro
Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ) .
Tanto a nivel nacional, como regional y global, estas redes han fortalecido a la sociedad civil, contribuyendo a la sensibilización social y al desarrollo de capacidades, han apoyado a las agrupaciones ciudadanas y colectivos locales a la creación de herramientos de trabajo para la articulación e inciencia, facilitando también la interlucución con los mecanismos de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales e intergubernamentales.
Monitoreo ciudadano y contraloría social:
La vinculación con las
comunidades y territorios, así con una diversidad de actores y sectores, ha
permitido impulsar iniciativas de contraloria social para el ejercicio de la
ciudadanía global, sobre tod en asuntos relacionados con la actuación de las
instituciones públicas y las dependencias de las Naciones Unidas.
Se ha logrado llevar a los
espacios y agrupaciones ciudadanas, conocimiento sobre el cumplimiento de los
derechos humanos y sobre el marco de compromisos internacionales del país y la
región guimiento de los ODS a nivel nacional, en ocasiones en cooperación con medios
de comunicación, la academia y las Naciones Unidas.
El monitoreo ciudadano ha sido
clave para fortalecer el espacio cívico con las personas activistas y
defensoras de derechos humanos. El fundamento que nadie se quede atrás de la
Agenda 2030 ha sido un enfoque clave para impulsar acciones con personas y grupos
histórica y sistemáticamente excluidos, como las juventudes, las mujeres y los
pueblos indígenas, como elemento centroal en
todas las acciones.
Por medio de los programas y
proyectos se han apoyado el equipamento de infraestructura comunitaria para ser
utilizada como espacio seguros para el trabajo organizativo de las juventudes y
comunidades en zonas rurales de El Salvador. Al mismo tiempo se ha logrado
acompañar el desarrollo de capacidades a
través de talleres, seminarios web, kits de herramientas e intercambio de lecciones
aprendidas, incluyendo la participación en foros y conferencias regionales y
globales.
Movilización territorial sobre los ODS y el Acuerdo de Escazú:
Cada año en el mes de septiembre
en el contexto del aniversario de la adopción de la Agenda 2030, por medio de
la alianza de GCAP con la Campaña de Acción para los ODS de la ONU, se lanza la
Semana de Acción Global por los ODS en El Salvador simultáneamente con 55
países en todo el mundo. Colaboramos con otras organizaciones para llevar los
ODS a los territorios, por medio de esta movilización se busca generar presión
pública sobre los gobiernos para que cumplan los ODS.
Se ha logrado posicionar en agenda pública la importancia estratégica del Acuerdo de Escazú por medio del Equipo Impulsor Nacional y su estrategia de incidencia, que es una experiencia única sobre como un espacio ciudadano autogestionado en conjunto con instancia de las Naciones Unidas como OACNUDH y la CEPAl, y con el apoyo financiero de donantes ha logrado impactar por medio de la sensibilización social, el empodemiento ciudadano y la incidencia política para interlocutar con instituciones del Estado y organismos regionales., incorporando a actores de base en las demandas sobre el tema.
Asambleas Populares Territoriales:
Las Asambleas Populares Territoriales
representan un sello de ASDEPAZ para propiciar el involucramiento de las redes
comunitarias y territoriales en el diseño de iniciativas y procesos que lidera
y coordina la organización. Estas estructuras funcionan como un mecanismo de
gobernanza dentro de los espacios de de articulación e incidencia, es aquí
donde se definen las prioridades y enfoques temáticos de trabajo, así como las
Agendas Territoriales que definen los proyectos a implementar a nivel local.
Las Asambleas han demostrado ser
una plataforma sólida para reunir a los representantes de la sociedad civil desde
una perspectiva territorial, asimismo constituyen un proceso clave para
recopilar las demandas y exigencias de los grupos en condiciones de exclusión
para hacerlas llegar a los representantes políticos, aportando soluciones y
propuestas para la formulación de políticas públicas.